Hace 6 meses Salvemos las Rozas reimitió al defensor del Pueblo cientos de denuncias de ciudadanos tramitadas por la asociación exigiendo la anulación del proceso de exposición pública del PGOU de Las Rozas por graves irregularidades en el mismo. Dos meses después -hace ahora 4- la asociación convocaba, con el apoyo de las coordinadoras Salvemos La Sierra y Ciudadanos Contra la Especulación un acto de protesta desplegando pancartas gigantes con el lema STOP DESTRUCCIÓN y encadenando a una "Baronesa del ladrillo" a un árbol frente a la sede del Defensor del Pueblo por lo que consideraban una respuesta lenta e insatisfactoria del Defensor, que esperaba un informe del ayuntamiento antes de admitir a trámite la queja. Esta respuesta es impensable en otros Defensores del Pueblo, como el Andaluz, que muestra una predisposición mucho mayor a amparar al ciudadano frente a abusos urbanísticos.

Cuatro meses después de la protesta la asociación ha recibido un informe del Defensor del Pueblo en el cual se reconoce, tras haber estudiado el informe remitido por el ayuntamiento, la existencia de irregularidades en la tramitación del PGOU.

El informe del ayuntamiento reconoce que no se expusieron al público durante las tres primeras semanas de la 4 que duró la exposición dos tercios de la documentación, que incluyen todos los informes sectoriales, sobre los que esta asociación ya denunció que existen grave incongruencias con el resto de la documentación del PGOU, puesto que plantean el ordenamiento de todos los sectores que el PGOU supuestamente no iba a recalificar u ordenar para su edificación en la margen izda de la carretera del Escorial. La asociación considera por ello especialmente grave el ocultamiento de esta documentación.

El escrito del Defensor reconoce que "la actuación de esa administración [el Ayuntamiento de Las Rozas] no parece haber sido los suficientemente transparente en cuanto a la cumplimentación escrupulosa del trámite de información pública, admitiéndose sin reservas que el documento "Estudios de Incidencias ambientales" no se puso a disposición del ciudadano en las dependencias municipales hasta transcurridas casi tres semanas desde el inico del trámite, documentación que ha de calificarse de esencial."

Reconoce a su vez que "muchas de las alegaciones formuladas por los interesados son desestimadas en el informe técnico remitido, por el mero hecho de que la medida es "potestativa" de la administración pública, olvidando ese ayuntamiento que los Planes Generales de Ordenación Urbana constituyen una decisión capital que condiciona el futuro desenvolvimiento de la comunidad."

Continua diciendo que "entre las medidas que podrían haberse adoptado se encuentra la posibilidad de ampliar a dos meses el periodo de información pública, la difusión en soporte informático de la información que contiene el PGOU, la celebración de reuniones con las asociaciones de vecinos o colectivos representativos, la apertura de foros de participación ciudadana, etc, peticiones todas ellas formuladas por los interesados" El escrito reconoce que las 918 alegaciones presentadas son muestra de escasa participación en unmunicipio de 70.000 habitantes.

Uno de los puntos más relevantes del escrito es que pone de relieve el carácter necesario, aunque no preceptivo de las medidas destinadas a la intensificación de la participación ciudadana, más aun en un caso como este donde se han manifestado "posturas encontradas" entre ayuntamiento y ciudadanos y dice que "si a la administración se le hace llegar razomanientos fundados que no tiene en cuenta y más tarde se demuestra que de habber sido atendidos el plan no habría sifdo impugnado por ejemplo, entonces la diligencia de la Administración Pública quedará en entredicho. Todo ello es independiente de si la aplicación de las medidas de intensificación de la participación ciudadana es o no preceptiva.

Tambien resalta que "parte del plazo de un mes coincidió con un periodo de vacaciones, circunstancia que deberia haber motivado la adopción de alguna medida adicional como alargar el plazo una semana."

No se pronuncia el Defensor del pueblo sobre la denuncia relativa a la planimetría, con consideramos un ejemplo paradigmático de engaño al ciudadano, al no poder distinguirse los terrenos ya recalificados de las nuevas recalificaciones propuestas.

El escrito pone en duda claramente la aplicación de la legislación urbanística por el grave ocultamiento de información ya mencionado, aunque resulta contradictorio al expresar que "con las sallvedades mencionadas" el ayuntamieto ha cumplido con la legalidad "escrupulosamente". Salvemos las Rozas, considera que no hay lugar a esta afirmación puesto que se ha reconocido una gravísima irregularidad como es el ocultamiento de información.

El escrito de 7 páginas remitido por el Defensor es contradictorio, ya que si bien reconoce que existen irregularidades no adopta en modo alguno medidas adecuadas para que estas se solventen. El escrito inidica que la ausencia o cumplimiento defectuoso conlleva la retroacción del expediente, pero se limita a un "recordatorio" del deber legal que le incumbe al Ayuntamiento de garantizar la efectiva participación ciudadana, dando por concluidas con dicho recordatorio las actuaciones y sin proceder a ningún otro medio que lleve a la adopción del ayuntamiento de las medidas que se mencionan.

Salvemos las Rozas considera el escrito del Defenesor del Pueblo un farsa inadmisible ya que si bien argumenta que hay un incumplimiento claro de la legalidad preceptiva, con el ocultamiento de información, y múltiples dejaciones de la necesidad de potenciar la participación ciudadana, no adopta ninguna medida seria para que induzca una revisión del proceso y la reapertura de un nuevo proceso de alegaciones, o la anulación del actual proceso de aprobación.

En un momento en el que ha salido repetidamente en medios de comunicación la vinculación del principal promotor de Las Rozas y propietario de la mayor parte de terrenos a edificar con la corrupción en el Caso Malaya, tras la reciente dimisión del Director de Urbanismo Enrique Porto, con acusaciones que salpican también a la Presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, y cuando sobre el propio Defensor del Pueblo se ciernen acusaciones de diversa índole, exigimos una actuación mucho más contundente y efectiva.

Denunciamos que el Defensor del Pueblo está desamparando al pueblo ante los abusos urbanísticos, que son una de las cuestiomes más graves que afectan a millones de ciudadanos en el Estado Español. Recientemente también ha mostrado una postura escandalosamoente ambigua frente a las denuncias por el Área Homogénea Norte de Torrelodones.

Exigimos que emprenda vías de denuncia mucho más intensas y efectivas, ante los tribunales si hiciera falta, exigiendo la anulación del actual proceso de aprobación del PGOU de Las Rozas, como paunta en su propio escrito que es preceptivo en caso de irregularidades y la apertura de un nuevo plazo de alegaciones de dos meses a la aprobación inicial, más la puesta en marcha de nuevas medidas de participación ciudadana.

Salvemos las Rozas exige una intervención tajante de los poderes públicos para destapar un atentado contra el interés general y grave caso anticonstitucional de espculación en beneficio de promotores inmobiliarios como es el PGOU de las Rozas, que se quiere desarrollar engañando a la población; cuya previsión de duplicar la población, alcanzando 150.000 habitantes es una de los crecimientos más desmesurados e insostenibles de la Comunidad de Madrid.